LIMA (Reuters) - El ex presidente peruano Alberto Fujimori se convertirá en el primer mandatario del mundo en ser extraditado a su país para enfrentar juicios por abusos a los derechos humanos, los que podrían hacerle terminar sus días tras las rejas।
En un fallo histórico, la Corte Suprema de Chile aprobó el viernes la petición de extradición de Fujimori a Perú por siete casos de violaciones de los derechos humanos y corrupción।
"Fujimori ya enfrenta una acusación por el caso de Barrios Altos y la Cantuta en la Corte Suprema y la fiscalía ha pedido un máximo de 30 años de privación de la libertad, ese es el proceso que más está avanzado", dijo a Reuters el ex procurador anticorrupción, Ronald Gamarra.
Según la policía chilena, el ex presidente de 69 años, que gobernó con mano dura Perú entre 1990 y 2000, sería enviado a su país en las próximas horas।
Para sus simpatizantes, Fujimori es el héroe que libró a su nación del azote del grupo guerrillero maoísta Sendero Luminoso। Pero sus críticos lo acusan de haber asesinado a opositores en una "guerra sucia" y de enriquecerse a costa del Estado।
En los casos "La Cantuta" y "Barrios Altos", un escuadrón militar asesinó en 1991 y 1992 a un total a 25 personas, entre ellas un niño, bajo sospechas de pertenecer a Sendero Luminoso।
Los "Sótanos SIE", referido a la detención de opositores en las instalaciones del Servicio de Inteligencia de Perú, mientras que los cinco casos de corrupción incluyen el pago de soborno a legisladores.
Apenas conocido el fallo, Fujimori dijo que saldrá airoso de los procesos y que espera demostrar en su juicio que "actuó correctamente", aunque admitió que hubo fallos "garrafales" durante su gestión. "Voy con la conciencia tranquila", agregó.
Según los expertos, sería juzgado en una sala especial de la Corte Suprema de este país.
"La pena mínima debería ser de por lo menos 20 años", dijo el abogado y ahora legislador oficialista Javier Valle Riestra, quien también fue primer ministro de Fujimori.
El ex mandatario, hijo de inmigrantes japoneses y que tiene doble nacionalidad, llegó sorprendentemente a Santiago en noviembre desde 2005 desde Tokio, donde vivió casi cinco años tras huir de Perú en medio de un escándalo de corrupción que derivó en su destitución por parte del Congreso.
"Para la comunidad internacional este es un fallo sin precedentes, un paso muy importante porque es la primera vez que hay un país extraditando a un ex jefe de Estado a su país natal para responder por crímenes de derechos humanos", dijo a Reuters director adjunto para las Américas de Human Rights Watch, दनिएल.
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